LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES, CONVENIO POSTERIOR AL DIVORCIO, DERECHO TRANSITORIO, READECUACIÓN DEL TRÁMITE, ART. 7 CCYC, VALIDEZ DEL CONVENIO, PERSPECTIVA DE GÉNERO

C 2ª CC Sala II, La Plata, 07/12/2021, “G., A. B. y otro s/ divorcio vincular por presentación conjunta”

En la ciudad de La Plata, a los siete días del mes de Diciembre de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 125940, caratulada: "G., A. B. Y OTRO S/ ··DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1º¿Es justa la sentencia del 7/9/21?

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

1- La jueza de la primera instancia se pronunció "...1º) Haciendo lugar a la acción de divorcio vincular peticionado por G., A. B. y Z., A.; 2º) Declarando extinta la comunidad de ganancias con efecto retroactivo al día 15/12/92 (arts. 475 inc. c) y 480 del C.C. y C); 3º) Imponiendo las costas en el orden causado (art. 73 CPCC).- 4º) Homologando el convenio regulador de fs. 4/5 en relación a la liquidación del régimen de comunidad (art. 309 del CPCC)..."

Contra dicha forma de decidir interpuso el Sr. Z. el recurso de apelación que ya en esta instancia se sustenta con la expresión de agravios presentada con fecha 2/11/21 la cual mereció la réplica del 11/11/21. Luego, se llamó la presente causa para el dictado de la sentencia correspondiente (ver sistema Augusta 11/11/21; artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As.).

En prieta síntesis se queja el recurrente de la atribución de la vivienda efectuada a su ex cónyuge, afirma que al momento de interponer la demanda estuvo mal asesorado y que el inmueble pertenecía a su padre, por lo cual mal puede disponer del mismo y en todo caso, señala que no se trata de todo el inmueble, sino de una fracción de la propiedad por lo que en definitiva corresponde revocar el otorgamiento de la propiedad sita en la calle Bouchard nº 3569 a favor de la Sra. G..

Por otro lado, agravia al impugnante que no se haya hecho lugar al pago del canon locativo y a la compensación económica pretendida sin desarrollar una crítica al respecto contra la sentencia.

Finalmente, se manifiesta respecto de la incidencia por el rechazo de la inconstitucionalidad con costas a la Sra. G., asegura que no debe supeditarse a la regulación de honorarios y que se agregue la valuación fiscal del inmueble, ya que la ley de honorarios establece cuál es el estipendio en un divorcio (2/11/21).

En su escrito de contestación la Sra. G. señala que la presentación en traslado no cumple con los requisitos impuestos por el art. 260 del CPCC, por lo cual debe declararse desierto el recurso. En forma subsidiaria ensaya su responde (11/11/21).

2- Como punto de partida, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso (SCBA causa 89.298 Sent. del 15/07/2009). Al respecto ha de decirse que la pieza de fecha 2/11/21 ha superado el examen de admisibilidad toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 CN; MORELLO, Augusto Mario, "Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso", v. I, pág. 175 a 180).

Sin perjuicio de lo expresado, cabe señalar que solo se dará respuesta a aquellos agravios que contengan una crítica concreta y razonada de la sentencia atacada.

En dicha tarea debe señalarse que lo cierto es que en el año 1992 las partes presentaron su demanda de divorcio donde pactaron la distribución de la propiedad de la siguiente manera "..."V CONVENIO..IV- .SEPARACION DE BIENES. La propiedad sita en calle Bouchard Nº 3569 consiste en un terreno, en el que se han construido dos viviendas, en las cuales viven los ex esposos. El señor Z. se compromete a dejar exclusivamente a nombre de Ana Beatriz G. la fracción que corresponde a la vivienda de esta última."..." (ver pág 5).

Dicho ello, por más que ahora el Sr. Z. sostenga que hace casi 30 años estuvo mal asesorado, lo cierto es que oportunamente se comprometió a dejar exclusivamente a nombre de su ex cónyuge la fracción que corresponde a la vivienda que ocupa ésta última.

En consecuencia, más allá que se haya adecuado el trámite al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante CCyC-, ello no hace por sí dejar sin efecto el convenio sobre la separación de bienes que los cónyuges dejaron expresamente volcado en las páginas 4/5vta. de la presente causa. Ello así pues los actos jurídicos antes realizados conservan su vigencia legal más allá que el régimen jurídico se haya modificado en cuanto que por ellos se han adquirido derechos (art. 7 del Código Civil y Comercial).

Tampoco es causa suficiente al efecto pretendido que el inmueble no se encuentre a nombre del Sr. Z., pues en definitiva en el año 1992 a lo que se comprometió es a dejar a nombre de su ex mujer la fracción del lote que ocupa (ver hoja 5) ; vale decir que se obligó a realizar los trámites necesarios para efectivizarlo y que exceden el marco del presente proceso (entre los que pueden lógicamente incluirse la realización, por ejemplo, de la sucesión de su progenitor, la separación de las fracciones y la inscripción de la ocupada por su ex mujer a su nombre). Por ello plantear ahora el recurrente que debió ello ser realizado en escritura pública por ser una cesión de derechos hereditarios es trasladar la carga de una obligación jurídica por él asumida que no fue oportunamente materializado, a través del medio del que intenta prevalerse, para dejar sin efecto la misma.

Ello atenta con la buena fe que debe regir en las relaciones jurídicas (art. 9 del CCyC). Sostener, a su vez, que existe un descuerdo en el convenio realizado amerita dos aclaraciones: Por un lado, el descuerdo unilateral es planteado por la misma parte que oportunamente (en hoja 5) propuso dicha forma de separación de bienes; y por el otro, soslaya la apelante que dicha proposición fue materializada hace casi ya 30 años atrás. Eso deja en falsete la pretendida aplicación del art. 438 del CCyC. En definitiva, no nos encontramos frente a un descuerdo (u omisión) de la propuesta reguladora como alega la impugnante, sino esencialmente a un arrepentimiento tardío de quien realizó la misma (art. 10 del CCyC); y, en tanto y en cuanto el escrito de hojas 4 y 5 fue suscripto además por ambas partes.

Igualmente, de la expresión de agravios surgen excusas que da el Sr. Z. para no cumplir con lo oportunamente pactado. no hizo los trámites a los cuales se comprometió, desde el momento de la celebración del convenio no puede disponer de la parte de la propiedad que debía poner a nombre de la Sra. G. y que por sus propios actos no ha efectivizado (art. 308, CPCC).

Sin perjuicio de ello, cabe aclarar aquí que del convenio acompañado surge que en la propiedad existen dos viviendas, correspondiendo solo una de ellas a la ex cónyuge (art. 272, CPCC).

Más allá de los tecnicismos legales inteligentemente argüidos por la apelante con cita de los artículos 969, 2061, 2063, 1175 - entre otros lo cierto es que el derecho debe ser aplicado desde la buena fe y evitando el ejercicio abusivo de las prerrogativas legales. Y recordar también que el derecho es más que formas; es ante todo sustancia. Y a esto se ha de atender primordialmente a fin de concretar la Justicia en el asunto específico.

Ello, máxime cuando se impone juzgar la presente causa con perspectiva de género. En efecto, en el caso concreto impidiendo que por su solo cambio de opinión el varón ejerza dominio sobre la mujer generándole una situación de desprotección y colocándola en una situación de vulnerabilidad al pretender el desalojo o el pago de un canon, con más una compensación económica, por la vivienda que oportunamente le entregó mediante una propuesta vinculante (ver Cedaw, entrada en vigor el 3/9/1981; Convención de Belem do Pará del 9/6/1994; Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad del 4 al 6 de marzo de 2008). Para el supuesto que, conforme lo refiere, ha sido incorrectamente asesorado al respecto, deberá, (de ser ello acreditado) articular las acciones legales contra quien le brindó dicha asistencia legal que denuncia como negligente; mas no por ello puede privar de la vivienda que voluntariamente entregó a su ex cónyuge. La buena fe de los terceros que han adquirido derechos sobre el inmueble así lo impone.

3- Respecto a los agravios dirigidos a cuestionar que no se haya hecho lugar al pago de un canon locativo y una compensación económica, la cuestión anterior tal cual se propone resolverla, desplaza el tratamiento de la presente. Más allá que este puntual planteo no abastece la crítica concreta y razonada que exige el art. 260 del CPCC (confrontar hojas 4 final y 5 primera parte del escrito apelatorio con la hoja 5 de la sentencia, particularmente en lo que a la compensación económica peticionada refiere).

4- En cuanto a la regulación de honorarios, es sabido que corresponde realizarla en un solo acto incluidos los correspondientes al proceso principal y a las incidencias generadas en el mismo, por ello resulta prematuro abordar el planteo traído en esta instancia. Y en lo que respecta al cuestionamiento de costas, solo cabe remarcar que las mismas han sido impuestas por su orden (art. 73; ver pto. 3 de la parte dispositiva de la sentencia impugnada, hoja 8 de la misma).

5- Por las razones precedentemente brindadas, con el alcance indicado, vale decir teniendo en cuenta que sólo una de las viviendas existentes en el lote al año 1992 corresponde a la ex cónyuge del recurrente, se propone confirmar la sentencia atacada en lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas en Alzada al quejoso en su objetiva condición de vencido (arts. 68, 69, CPCC).

Voto por la AFIRMATIVA.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia del día 7/9/2021, dejando aclarado que solo una de las viviendas existentes al año 1992, en el lote ubicado en la calle Bouchard Nº 3569 de Berazategui, se otorgó a la ex cónyuge del recurrente, comprometiéndose el Sr. Z. a ponerla a nombre de ella; debiendo imponerse las costas de Alzada al quejoso en su objetiva condición de vencido (arts. 68, 69, CPCC).

ASI LO VOTO.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede y con el alcance que solo una de las viviendas existentes al año 1992, en el lote ubicado en la calle Bouchard Nº 3569 de Berazategui, se otorgó a la ex cónyuge del recurrente, comprometiéndose el Sr. Z. a ponerla a nombre de ella, se confirma la sentencia atacada del 7/9/2021 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen al apelante en su objetiva condición de vencido (arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE.

NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.

DR. LEANDRO A. BANEGAS - DR. FRANCISCO A. HANKOVITS.