VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR, VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, VERBAL, SEXUAL Y ECONÓMICA, DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑO MORAL, DAÑO PSÍQUICO, INCAPACIDAD PERMANENTE, TRATAMIENTO PSICOLÓGICO,
Cám. Nac. Civ., sala K, 30/06/2021,
“C., M. C. c/ J., F. C. s. Daño moral”
En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los 30 días del mes de junio de 2021, hallándose reunidos los Señores
Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos
por las partes en los autos caratulados: "C., M. C. C/ J., F. C. S/ DAÑO
MORAL", habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del
sorteo de estudio la Dra. Silvia Patricia Bermejo dijo:
I- Vienen los autos a este
Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora (16 de
diciembre de 2020) y por el demandado (16 de diciembre de 2020), contra la
sentencia de primera instancia (fs. 185/188 vta.). Oportunamente, se fundaron
(ambos el 31 de marzo de 2021) y recibieron réplica (15 y 24 de abril de 2021).
A continuación, se llamó autos para sentencia (13 de mayo de 2021).
II- Los antecedentes del caso La
señora M. C. C. reclamó por los perjuicios que le habría ocasionado el obrar de
su ex cónyuge, el señor F. C. J.
Relató que contrajeron
matrimonio el 13 de diciembre de 1995 y que, de la unión, nacieron sus hijos A.
D. -el 5 de noviembre de 1996- y T. A. -el 8 de septiembre de 1998-.
Expuso que, desde el comienzo,
hubo episodios de violencia por parte del demandado caracterizados por
empujones, golpes, insultos y amenazadas, lo que se agravaba cuando consumía
alcohol.
Refirió que se generó un patrón
de conducta que desconocía y que, según alegó, descubrió que estaba con una
persona enferma y desequilibrada.
Manifestó que, en el año 2007,
se separaron de hecho y continuó viviendo en el departamento de la calle
Quesada -bien ganancial-.
Expresó que, a pesar de ello,
el accionado se presentó en múltiples oportunidades en su domicilio y que los
encuentros terminaron en golpes, insultos y amenazas hacia ella.
Describió los hechos de
violencia que denunció los días 12 de julio de 2007, 1 y 8 de octubre de 2007,
29 de noviembre de 2007, 25 de febrero de 2008, 16 de marzo de 2009, 27 de
septiembre de 2010, 1 de octubre de 2010, 29 de febrero de 2012 y 31 de mayo de
2012. Acompañó las constancias de las denuncias.
Mencionó que, respecto a la
efectuada por las lesiones en la vía pública, el Tribunal Oral en lo Criminal
n° 1 desestimó el pedido del imputado de suspender el proceso a prueba, lo que
la CáM. de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó.
Señaló que, a causa de estos
maltratos, recibió atención psicológica en el Centro de Salud n° 1, en el marco
del programa de "Víctimas contra la Violencia", dependiente del
Ministerio del Interior de la Nación.
Refirió que, también, denunció
esta situación en este fuero, lo que dio lugar al inicio de cuatro causas por
violencia familiar.
Indicó que la tensión en su
relación se trasladó a lo referido al cuidado personal de sus hijos. Adujo que
el señor J. hacía lo que deseaba, retiraba a los menores de edad de forma
violenta e inconsulta y no le decía cuándo los restituiría al hogar materno.
Además, mencionó que los cambió de colegio sin consultárselo, con efectos que
calificó de desastrosos para ellos, quienes repitieron el año lectivo. Apuntó
que, debido a ello, de nuevo el demandado los anotó en otra institución sin
preguntárselo.
Sostuvo que, a través de la
evidencia a producir, se comprobaría la conducta constante y agravada en el
tiempo del accionado tendiente a dañarla en todo lo posible.
Atribuyó responsabilidad al señor
F. C. J. por daño psicológico y moral (fs. 1 a 41 vta.).
El legitimado pasivo se presentó
y contestó la demanda. Reconoció haber contraído matrimonio con la señora C.,
que a raíz de la unión nacieron T. y A., como así también que se le concedió
una probation en la causa penal n° 3827/3836. Sin embargo, desconoció
haber cometido los excesos imputados. Efectuó una negativa pormenorizada de los
hechos alegados por la actora. A su vez, reconvino por daño moral en virtud de
las conductas y acusaciones calumniosas de la contraria.
Aseveró que, poco después de
celebrar el matrimonio, la legitimada activa comenzó a hostigarlo. Refirió que,
ante un pedido de un cambio de comportamiento, alegaba violencias inexistentes
y prometía radicar todo tipo de denuncias, las que nunca concretaba en tanto
-según afirmó- carecían de sustento fáctico.
Además, adujo que la accionante
se desentendió de la crianza de los hijos.
Agregó que aquélla mantuvo
relaciones extramatrimoniales, lo que lo exponía a burlas y comentarios
públicos.
Aseguró que cuando le reclamaba
por las infidelidades cometidas, como así también el desinterés y la
desatención tanto hacia él como a sus hijos, reaccionaba irritadamente, con
insultos, agresiones y manifestaba que efectuaría cualquier tipo de denuncia
aberrante.
Consideró que estas
circunstancias lo agraviaron y que, por ello, los menores de edad decidieron
vivir con él.
Expresó que lo narrado, sumado a
la conducta infiel de la actora, lo sumió en una profunda depresión de la que
le costó reponerse. Señaló que su salud no le preocupó a la señora C. y que
ello lo hirió.
Añadió que la accionante
reconvenida es adicta al juego y que durante la convivencia dilapidó el dinero
que le suministraba para atender las necesidades básicas del grupo familiar.
Adujo que nunca puso voluntad para recuperarse.
Narró que al momento de la
reconvención, la actora se encontraba en pareja y que tuvo un hijo con otra
persona ni bien se separó de él.
Contó que, pese a las
infidelidades, el desinterés para con sus hijos, las denuncias insensatas e
infundadas, como así también su adicción al juego, él no abandonó su buena
voluntad para mantener un vínculo saludable. Alegó que prueba de ello es que
aceptó firmarle el divorcio de común acuerdo, cuando podría haber demandado por
infidelidades e injurias graves.
Expuso que tampoco le requirió la
división de la comunidad de bienes ni la forzó a dejar el inmueble que
integraba el patrimonio de ambos.
Endilgó responsabilidad a la
señora C. por daño moral (fs. 50/58).
La actora contestó la
reconvención y se remitió a los hechos enunciados en su presentación (fs.
71/73).
Sustanciada la causa, se dictó
pronunciamiento sobre el mérito (9 de diciembre de 2020).
III- La sentencia
El Juez de grado hizo lugar la
demanda de la señora M. C. C. y desestimó la reconvención incoada por el señor
F. C. J. En consecuencia, condenó a este último a abonarle a la actora la suma
de $4.402.000, dentro de los treinta días, devengando en caso de mora, la tasa
de interés activa que publica el Banco de la Nación Argentina, con costas.
Asimismo, reguló los honorarios
de los profesionales intervinientes (9 de diciembre de 2020).
IV- Los agravios
El demandado reconviniente, por
intermedio de su representante letrado, critica la decisión.
En primer lugar, aduce que la
actora no cumplió con el trámite de mediación previa prejudicial obligatoria en
tanto el objeto de ésta -liquidación de la comunidad de bienes- fue ajeno al
presente reclamo, por lo que se violó el principio de legalidad.
Asimismo, alega que la acción fue
promovida vencido el plazo para ello.
Aduna que no pagó la tasa de
justicia pertinente previo al dictado del fallo.
Por otro lado, critica que el
juez a quo consideró cuestiones no planteadas para, en base a ellas, determinar
un desmesurado e injustificado monto de resarcimiento de los supuestos daños.
Debate que se manifestó que la
accionante reclamó los perjuicios en virtud de la violencia de género, cuando
ello es falso, ya que no introdujo esa cuestión y promovió la acción sólo por
daño moral.
Afirma que todas las expresiones
y términos de la sentencia tratan de encuadrarlo como un violento de género
cuando no tiene antecedentes penales por ello. Refiere que sólo existen
denuncias en su contra realizadas por la legitimada activa, las que resultan
inconducentes y no han prosperado.
Expone que la táctica en
cuestiones de familia de radicar denuncias sistemáticas por parte de un cónyuge
para presionar al otro es moneda corriente en nuestro país y en otros con
similares estructuras jurídicas.
Se agravia por la mención de
jurisprudencia, doctrina, pactos internacionales y recomendaciones de sus
interpretaciones en el fallo, ya que -según alega- no son aplicables al caso,
carecen de sentido y constituyen una aplicación arbitraria y maliciosa con el
objeto de lograr su condena.
Critica que en el fallo se lo
descalifica al definirlo ofensivamente como un "machista", cuando en
realidad no lo es. Asevera que el magistrado debe abstenerse de hacerlo
respecto a cualquiera de las partes involucradas en un proceso, en tanto
implica una falta de respeto a los justiciables.
Relata que el matrimonio se
caracterizó por mantener grandes diferencias, lo que derivó en el divorcio,
pero que en ningún momento él tuvo intenciones de generar algún tipo de
violencia de género hacia la señora C. ni ser machista, ya que, de hecho,
trabajaban juntos.
Señala que se reprodujeron las
denuncias realizadas en su contra, pero no sus argumentos de defensa ante
ellas.
Sostiene que hubo un juzgamiento
parcial en tanto se basó en las razones de una de las partes.
Asevera que se indemnizó a la
actora con un monto ocho veces superior al peticionado sin otro fundamento que
la propia voluntad del juzgador, su evidente animadversión hacia él y su
disgusto por lo resuelto por la Alzada en el expediente conexo n° 42.779/2012.
Considera que las sumas son
arbitrarias, escandalosas y no guardan correlato con los principios de
resarcimiento que rigen en la materia.
Alega que los hechos denunciados
no causaron ningún tipo de daño ni afectación a la actora, quien, luego de su
separación, convivió de forma casi inmediata con otra pareja en la que fuera
sede del hogar conyugal, conforme lo determinaron la pericia psicológica y la
psiquiátrica.
Sostuvo que su suerte en el
pleito quedó sujeta a la parcialidad y libre convicción del sentenciante y no
al análisis concreto, razonado y prudente de las probanzas de la causa
evaluadas imparcialmente.
Cuestiona la valoración de la
prueba efectuada demostrativa de la inequidad y parcialidad en beneficio de la
parte actora.
Detalla los argumentos vertidos
por el juez a quo que, según sostiene, tergiversan sus dichos haciéndole decir
lo que no dice.
Opina que ofreció y produjo
prueba, formuló observaciones y críticas a las declaraciones testimoniales,
como así también a las pericias realizadas, lo que no fue considerado.
Critica que se supuso que la
utilización de "vástago" al referirse al hijo que tuvo la señora C.
con otra persona implica una actitud despectiva cuando, según explica, se
empleó como sinónimo de "hijo".
Aduce que realmente soportó el
dolor de tomar conciencia que la mujer que amara, la madre de sus hijos, en el
medio de las desavenencias conyugales y las diferencias que llevaron al
rompimiento del vínculo, entabló otra relación y tuvo una nueva hija fruto de
ella. Sostiene que ello significó un agravio y el consiguiente daño moral en
tanto había depositado en su matrimonio todas sus esperanzas de construir una
sólida familia.
Discute el señalamiento a la
forma de redacción de los escritos. Mantiene que, en tanto actúa como abogado
apoderado, él es quien los redacta, por lo que no puede endilgarse
responsabilidad a su representado por ello.
Afirma que las partes y sus
letrados merecen respeto y, estos últimos, el mismo a quienes tienen la elevada
misión de administrar justicia, que no es "machista" ni
"patriarcal".
Se agravia de la enumeración de
las constancias de denuncias ya que son absolutamente infundadas y ninguna
prosperó. Lo mismo refiere de la descripción de los expedientes penales donde
no recayó sentencia condenatoria.
Debate que el Juez a quo criticó
a la decisión del Tribunal de Casación por lo resuelto.
Refuta que no se valoraron las
conclusiones del Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia
Familiar obrante en la Causa n° 55329/2007 que demuestra la existencia de un
vínculo disfuncional, de violencia física y desbordes emocionales por parte de
ambos.
Cuestiona que se soslayaron las
declaraciones tanto de la actora como de sus hijos sobre que él se ha ocupado
diligentemente de ellos.
A su vez, controvierte que se
consideró el informe de la licenciada Mandil, quien no es perito designada en
las actuaciones y que actuó como testigo ofrecido por la accionante
reconvenida. Sin perjuicio de ello, señala que la profesional manifestó que el
sentido de la vida de la señora C. fue medianamente compensado con el
nacimiento de la niña, lo que evidencia que no hay minusvalía psicológica en
tanto pudo rehacer su vida. Apuntó que, al declarar, mencionó ser egresada en
psicopedagogía en el año 1986, cuando no existía esa carrera aún en ese tiempo.
Aduce que las respuestas brindadas por la presunta profesional -no inscripta en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar la profesión
que invoca, según sostiene el recurrente-, descalifican todas sus aserciones ya
que no fue testigo de ninguno de los hechos que relata y su visión es parcial e
interesada por ser la psicóloga de la señora C.
Además, entiende que debió
desestimarse la declaración de la testigo Espíndola quien expresó tener un
interés particular en el resultado del pleito.
Objeta la valoración del
testimonio de la señora Barbaricca, por ser amiga de la actora y por relatar lo
que ésta le contó.
Por ello, concluye que deben
desecharse las consideraciones de esta prueba testimonial, ya que las tres
declarantes son parciales.
Por otro lado, discute la
apreciación incorrecta de los informes psicológicos y psiquiátricos, toda vez
que la profesional Dworkin manifestó que la actora no presenta daño en esa
esfera.
Critica que no valoraron las
impugnaciones que efectuó con base científica a las conclusiones del perito
psiquiatra Franco.
Sostiene que de las conclusiones
de los expertos se desprende que la señora C. no presenta perjuicio alguno.
Para ello, transcribe fragmentos de los dictámenes.
Asimismo, se agravia que el
primer sentenciante dejó tácitamente sin efecto lo resuelto por la Alzada en el
expediente conexo "C., M. C. c. J. F. C. s. Liquidación de la Sociedad
Conyugal". Alega que las sumas fijadas son desatinadas, ultrapetita, por
rubros no reclamados y similares a las que había otorgado en la decisión
revocada por esta instancia.
Por otro lado, cuestiona el
rechazo de la reconvención deducida, sin fundamento alguno, en tanto se
encuentran absolutamente probados todos los hechos alegados por él.
Requiere se revoque lo resuelto
en cuanto al monto desmesurado estipulado por un daño moral y psicológico
inexistentes.
Refuta la fijación de la tasa de
interés activa del Banco de la Nación Argentina para el pago de la condena, la
imposición de costas y los montos de los honorarios.
Por su parte, la actora debate
que el juez a quo omitió pronunciarse sobre la merma psicológica. Asevera que
las pericias psiquiátrica y psicológica no dejan lugar a dudas acerca de la existencia
de este perjuicio.
Afirma que resulta prolífica la
jurisprudencia que considera al daño psicológico como un rubro autónomo del
moral, distinguiendo la etiología de ambos.
Por ello, opina que la sentencia
resulta contraria al principio de congruencia procesal, ya que no resuelve
sobre la totalidad de las cuestiones planteadas.
Finalmente, hace reserva del caso
federal.
V- Ley aplicable
Atento la entrada en vigor del
nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26994 y su modificatoria Ley 27077), de
conformidad a lo previsto en su art. 7 y teniendo en cuenta la fecha de los
hechos aludidos en la demanda, resultan de aplicación al caso las normas del
Código Civil.
Empero, aun cuando los alegados
eventos dañoso se consumaron antes de su sanción, no así las consecuencias que
de él derivan, las que deberán cuantificarse acorde la ley vigente al momento
en que la sentencia fija su extensión o medida (Kemelmajer de Carlucci, Aída,
"La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones
jurídicas existentes", segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores,
pág. 234).
VI- Mediación previa
El demandado reconviniente
sostiene que la actora no cumplió con el trámite de mediación previa
prejudicial obligatoria en tanto el objeto de esta fue la liquidación de la
comunidad de bienes y no el reclamo objeto de este proceso, por lo que se violó
el principio de legalidad. Asimismo, alega que la acción fue promovida vencido
el plazo para ello.
Al respecto, cabe señalar que si
bien le asiste razón en cuanto a que en el acta de mediación se consignó
"liquidación de la sociedad conyugal" (fs. 3 y vta. y 4 y vta.), lo
cierto es que este planteo no se realizó en su oportunidad, al contestar
demanda al igual que el cuestionamiento de haber articulado la acción fuera del
plazo de caducidad de la mediación referida (fs. 50/58), por lo que su
planteamiento deviene extemporáneo.
Como es sabido, la falta de
cuestionamiento oportuno implica la conformidad y la convalidación de la
irregularidad mencionada, por lo que el agravio mencionado no puede prosperar.
VII- Tasa de justicia
El legitimado pasivo señala que
la accionante no pagó la tasa de justicia pertinente previo al dictado del
fallo.
Conforme determina la Ley 23898,
la tasa será abonada por el actor, por quien reconviniere o por quien promueva
la actuación o requiera el servicio de justicia, en la forma y oportunidad que
indica la misma normativa (art. 9, ley cit.).
También expresamente regula como
responsabilidad de los Secretarios y Prosecretarios velar por el cumplimiento
de esas obligaciones (art. 14, ley cit.), cuando no fuere un supuesto por el
cual alguna de aquéllas estuviera exenta (art. 13, ley cit.).
Se aprecia que, en este caso, en
la sentencia se ha condenado a abonar la tasa de justicia al demandado, no así
a la contraria, quien goza de un beneficio de litigar sin gastos concedido, por
lo que está exenta de pagarlas (ver fs. 31/32 vta., exp. 9571/2013, "C.,
M. C. c/ J., F. C. s/ Beneficio de litigar sin gastos"), por lo que el
agravio del accionado no es de recibo.
VIII- Encuadre del reclamo de la
señora C.
El legitimado pasivo cuestiona
que el primer sentenciante consideró que la accionante reclamó los perjuicios
en virtud de la violencia de género, cuando argumenta que ello es falso ya que
no introdujo esa cuestión y promovió la acción sólo por daño moral.
Critica que se citara
jurisprudencia, doctrina, pactos internacionales y recomendaciones que -según
alega- no son aplicables al caso, carecen de sentido y constituyen una
aplicación arbitraria y maliciosa con el objeto de lograr su condena.
A los fines de responder a esta
crítica, cabe mencionar que la señora C. inició la presente acción a fin de
obtener una indemnización por el daño psicológico y moral que alegó padecer a
partir de los episodios de violencia por parte del demandado, los que se
habrían plasmado con empujones, golpes, insultos y amenazadas.
Describió los hechos de violencia
denunciados en este fuero y en el penal, como así también la merma individual
que éstos le habrían generado. Es en base a ellos que requiere la indemnización
por las consecuencias que le habrían ocasionado a su integridad.
La forma de identificar a la
problemática por el Juez implica una apreciación de los hechos. Por ello, aun
cuando la actora no haya expresamente aludido a la violencia de género no
impide que, por la descripción que realiza en su presentación -situaciones que
identificó como violentas vividas con su expareja que le ocasionaron los daños
que reclama (violencia doméstica)-, así se califique el objeto de su pretensión
a los fines de su encuadre.
No es más, por otro lado, que la
aplicación del principio iuria curia novit. Por imperio de tal precepto los
jueces se encuentran habilitados para calificar jurídicamente los hechos con
independencia del derecho que hubieran invocado las partes, en tanto y en
cuanto no se afecten aquéllos o se tergiverse la naturaleza de la acción
interpuesta" (SCBA L 100040, sent. del 21-XII-2011, in re "Blanco
Fernández, María Delia c/Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la
Educación (S.O.E.M.E) s/Despido").
Numerosos instrumentos
internacionales ya desde hace muchos años han logrado visibilizar la violencia
de la que son objeto las mujeres. Así, la "Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer" -del año 1979- y la
"Convención de Belem do Pará" o "Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" -adoptada
por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de
junio de 1994, ratificada por la Argentina el 5 de julio de 1996 y convertida
en Ley Nacional n° 24632-, son ejemplos de ello.
El derecho positivo sumó otras
disposiciones como la "Ley de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales" (ley n° 26485, sancionada el 11 de marzo
de 2009) a esa tutela especial, al igual que los han hecho con muchas otras
leyes emitidas por las legislaturas locales.
En la citada Ley 26485 se ha
definido a la violencia contra las mujeres como "... toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como
en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también su seguridad personal." (art. 4, ley cit.).
De tal manera, comprende a la de distinto orden, por ejemplo, a la violencia
física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, como así también la
simbólica (art. 5, ley cit.).
Así, entre las modalidades en que
puede presentar, se encuentra la violencia doméstica, que es "... aquella
ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar,
independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad,
el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho
al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o
finalizadas, no siendo requisito la convivencia" (art. 6 inc.
"a", ley cit.). Esta no finalizada con el divorcio o el fin del a
convivencia (comentario al art. 6 inc. "a" en Medina, Graciela,
"Violencia de Género y violencia doméstica. Responsabilidad por
daños", Primera parte "La Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres",
Ed. Rubinzal Culzoni, 2013, pág. 110).
En definitiva, no se vulnera el
principio de defensa en juicio de las partes la forma en la cual el Juez
considera a los hechos probados ni tampoco el derecho en el cual los encuadra,
lo que es propio de su lectura en clave de convencionalidad.
IX- Los danos y perjuicios
originados en las relaciones de familia
Como se relato, la pretensión se
sustenta en los denunciados danos y perjuicios que habría sufrido la señora C.
como consecuencia del mal trato que le habría propinado el accionado, con quien
estuvo casada -en tanto se ha divorciado- y con dos hijos ahora mayores de
edad.
El primer punto a aclarar es que
aun cuando las partes de esta causa han concluido su relación, aun continúan
con un vínculo nacido en una relación familiar.
Como explica Jorge Pérez
Belmonte, estos vínculos familiares, en este caso de pareja matrimonial, cuando
se han roto no dejan de ser una familia, la cual puede identificarse como
remanente (autor citado, "Anécdotas y reflexiones tras un cuarto de siglo
en el fuero de familia de La Plata", aun inédito).
La familia es una realidad
variable, mutable, consecuencia de la misma versatilidad de la realidad. Como
menciona Bauman se vive en una transitoriedad permanente (Zygmunt Bauman,
"Archipielago de excepciones", Katz editores, Madrid, pág. 115). Así,
en este caso, referido a dos personas que han estado casadas, ahora
divorciadas, constituyen lo que cabe definir, como se dijo, como una familia
remanente, en tanto si bien ahora no mantienen una relación de pareja, de su
unión anterior tuvieron un proyecto de vida en común, con dos hijos -ahora
mayores de edad- con respecto a quienes se mantienen sus vínculos y su
interacción.
Es así que, en este contexto, la
doctrina y la jurisprudencia no son unanimes... sobre la aplicación del derecho
de danos a las relaciones de familia. Solo a modo enunciativo, autores
destacados como Guillermo Borda, Bibiloni se pronunciaron por la tesis
negativa, mientras que otros, como Rebora o Mosset Iturraspe lo consideraron...
factible (Novellini, Norberto, "Acerca de la procedencia o no de la
Indemnización por "danos en el derecho de Familia", en "Derecho
de Danos. Danos en el Derecho de Familia", Cuarta Parte (A), Ediciones La
Rocca, Buenos Aires, 2000, págs. 41 y sigs.).... Destacan Atilio Anibal
Alterini y Roberto M. López Cabana que hay supuestos en los cuales se niega la
acción resarcitoria, se exige un factor de atribución especial, se "adapta
el de culpa o se analiza el daño desde la perspectiva a los sujetos"
involucrados. Puntualizan que deben tenerse en cuenta los intereses superiores
en la constitución de la familia, su estabilidad y el sentimiento de justicia
de la comunidad (autores citados, "Cuestiones de responsabilidad civil en
el Derecho de Familia", LL 1991-A-950).
En esta misma línea, se expuso
que los principios generales del "... alterum non laedere (no dañar a
otro) y el ius suum cuique tribuere" (dar a cada uno lo suyo) se adaptan a
las relaciones intrafamiliares, pues, en muchos casos, los alegados perjuicios
se ocasionan en la convivencia, lo que implica una posibilidad amplia de origen
de sucesos perjudiciales, en especial pues se trata de personas que comparten
el hogar o lo han hecho, no extraños. Es por ello que el interés legitimo
originado en la reparación del daño causado se atempera en vista a la unidad
familiar (SCBA, in re: C. 117.204, "R., C. contra T., J. Danos y
perjuicios", sent. del 3-XII-2014, voto del señor Juez doctor Pettigiani).
En síntesis, quienes, con
distintos argumentos, se enrolan en una postura restringida en la aplicación
del derecho de danos a las relaciones de familia lo hacen en vista de intentar
mantener la paz en ese ámbito, la cual se podría ver vulnerada si se habilitara
con amplitud a la posibilidad de reclamar, en tanto podrían fomentarse rupturas
en las relaciones que debieran sostenerse en el afecto y, en muchos casos, a lo
largo de toda la vida.
Además, si bien lograr la
pacificación social es uno de los fines del derecho, este deviene
absolutamente prioritario en los litigios originados en el seno familiar, lo
que llevo a su incorporación expresa en el Código Civil y Comercial de la
Nación -ver art. 706 inc. "a", última parte-. De tal manera, es el
camino deseable para dirimir estas disputas fomentar las alternativas de autocomposición
o, de no ser posible, lograr una justicia de acompañamiento, con la
intervención de un fuero especializado y la colaboración interdisciplinaria. Empero,
tales particularidades no excluyen que la familia se torne en un ámbito en el
cual las personas incumplan con sus deberes y, en tal caso, no podrían quedar
exentas de asumir las consecuencias de ese proceder.
El obrar de las personas no puede
infringir derechos ajenos, mas allá de la naturaleza de estos, por lo que, de
provocarse un perjuicio, deberá apreciarse desde la universalidad del
ordenamiento. Lo afirmado no implica soslayar que al tratarse de relaciones de
familia, se analice con cuidado el cerrado entramado de vivencias enraizadas en
ella. En definitiva, si no obstante las medidas para asegurar el cumplimiento
de los derechos, se obstaculiza la comunicación y el contacto entre padres e
hijos, se podrá accionar por los perjuicios ocasionados, para lo cual deberán
concretarse los presupuestos propios para la recepción del reclamo (en este
sentido ver Medina, Graciela, "Danos en el derecho de familia en el Código
Civil y Comercial, publicado en: RCyS 2015-IV, 287).
Por ende, habrán de conjugarse en
el caso las particularidades reseñadas frente a los recaudos de la
responsabilidad derivada de los danos. Devienen parámetros comunes que para
responder por el perjuicio que sufre otro deben concurrir varios elementos: la
antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad entre el daño y el hecho y
los factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad (SCBA, Ac
79389, sent. del 22-6-2001, ED 197, 505; C 91325, sent. del 18-11-2008).
Son las normas generales sobre
responsabilidad civil: 1) El incumplimiento objetivo, que consiste en la
infracción al deber mediante la inobservancia de la palabra empeñada en un
contrato o a través de la violación del deber general de no dañar; 2) El daño
entendido como la lesión a un derecho subjetivo del incumplimiento
jurídicamente atribuible; 3) La relación de causalidad suficiente entre el
hecho y el detrimento, de tal manera que pueda predicarse que el hecho es causa
(fuente) del mismo y; 4) Un factor de atribución, es decir la razón suficiente
para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor que podrá ser
objetivo o subjetivo (conf. Conclusiones V Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, Rosario, 1971, citadas por Atilio Anibal Alterini-Oscar Jose Ameal-
Roberto M. López Cabana, "Derecho de Obligaciones Civiles y
Comerciales", pag. 159, Buenos Aires, 2006).
Estas se aplican también a la responsabilidad
por los daños sufridos derivados de la violencia de género y familiar.
Como menciona Graciela Medina,
existen diversas apreciaciones del concepto de la antijuridicidad desde la
perspectiva del derecho de familia pero, más allá de ello, se admite la
obligación de reparar siempre que exista un acto antijuridico (autor citada,
"Danos en el Derecho de Familia", Rubinzal Culzoni editores, 2002,
pag. 26).
X- Análisis de la prueba
1. El demandado reconviniente
cuestiona la condena de primera instancia. Alega que sólo existen denuncias en
su contra realizadas por la legitimada activa, las que resultan inconducentes y
no han prosperado. Sostiene que la sentencia las reprodujo, pero no así sus
defensas ante ellas. Por ello, cuestiona la responsabilidad atribuida.
A fin de determinar la existencia
de los hechos aludidos en la demanda, habrá de estarse a las constancias
obrantes en las presentes actuaciones y en los expedientes que corren por
cuerda. Conforme se desprende de lo que se pasa a relatar, existen entre las
partes numerosos expedientes que han tramitado en sede civil y penal. Estas
actuaciones se han agregado a estos obrados, si bien no en forma correlativa en
vista cuándo se sucedieron los hechos, sino a una agregación material a la
causa, por lo que, a los fines de intentar reconstruir lo sucedido, se
mencionarán a las mismas acorde la ocurrencia de los hechos que en ella
constan.
2. Temporalmente, la primera
denuncia acreditada fue del día 14 de abril de 2007, por la cual se inició
la causa, en sede civil, n° 75.239/2007, sobre violencia familiar. La señora C.
denunció, en esa fecha y ante la Comisaría 35, que "... en el día de la
fecha siendo aproximadamente las 00.15 horas cuando se encontraba en su
domicilio particular comenzó una discusión con el denunciado, a raíz de que la
declarante le había pedido que no ingrese más al edificio en razón de las
diferencias que ambos mantenían, pidiéndole terminar con la relación. Todo ello
terminó con que el señor J. comenzó a propinarle cachetadas en la cabeza, la
tiró sobre el sillón del living, la tomó de los pelos y comenzó a arrastrarla
por el ambiente, siendo además que en un momento le pidió tener relaciones
sexuales, pero ante la negativa de la declarante el denunciado le rompió su
ropa interior intentando tener relaciones sexuales por la fuerza, sin lograr su
cometido. Como consecuencia de todo ello la dicente terminó con golpes en las
rodillas brazos y piernas..." (fs. 157 y vta., esp. fs. 157vta., causa n°
16.290/2009). En el informe médico legal, del día 17 de abril de ese año,
consta que "... presenta equimosis en cara externa del glúteo derecho y en
ambas rodillas." (fs. 160, causa cit.).
3. Este hecho motivó las
actuaciones penales identificadas con el expediente n°29259/2007, en trámite
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 18. Allí consta que,
en fecha 14 de abril de 2007, la señora C. denunció que el señor J. le propinó
cachetadas, la tomó de los pelos y comenzó a arrastrarla por el ambiente.
Refirió que, debido a ello, sufrió golpes en las rodillas, brazos y piernas
(fs. 133 y vta., causa penal cit.). Obra en éste el informe médico legal, del
17 de abril de 2007, antes citado (fs. 139, causa penal cit.). Estas
actuaciones se agregaron al exp. 11.439/2009, al elevarse la causa al Tribunal
Oral en lo Criminal n° 1.
4. Otra denuncia de la señora C.
fue la realizada el día 13 de julio de 2007. Ésta originó las actuaciones en lo
civil caratuladas "C., M. C. c/ J., F. C. s/ Denuncia por violencia
familiar" (expte. n° 55239/2007), incorporada a la causa 16.290/2009. En
ella explicó que "El 14 de julio pasado (sic) la dicente regresó a su casa
cerca de las 23 hs. Fue a jugar con A. y luego fue a comer. F. comenzó a
decirle hasta cuando ella iba a estar así, sin hablarle. La dicente le dijo que
porque no se separaban que así le estaban haciendo mal a los hijos. Ante esto
él le dijo que no quería separarse, que la amaba, que estaban juntos desde
hacía muchos años. Ella le decía que los chicos no podían seguir escuchando
ruidos, peleas, golpes, etc. La dicente comenta que casi siempre duerme con T.
en su habitación, y F. en el cuarto de los hijos. Esa noche F. quiso mantener
relaciones íntimas con la dicente, cosa que ella no quería, se subió encima de
la dicente y comenzó a pegarle cachetadas." (ídem., esp. fs. 138/139, esp.
fs. 138 vta., causa n° 16.290/2009). Luego, mencionó las denuncias realizadas
los días 14 de abril, 10 y 11 de julio del año 2007 (ídem., esp. fs. 138 vta.,
causa cit.). El juez de grado decidió excluir al señor J. del hogar por el
término de noventa días, el 18 de julio de 2008 (fs. 141 y vta., causa
16.290/2009).
Asimismo, obra el informe
producido por el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia
Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 6 de septiembre de
2007, que concluyó que "Al momento de la presente evaluación y de acuerdo
a las entrevistas efectuadas se infiere que las partes mantienen un vínculo
disfuncional con antecedentes de violencia física y desbordes emocionales por parte
de ambos, generados especialmente a partir de celos recíprocos." Se
señalaron las contradicciones entre las partes en cuanto a la situación
económica y cómo este tema aparece recurrentemente en el discurso de la actora
(fs. 143/145, esp. fs. 144/145, causa cit.).
La profesional manifestó que
"De los datos recabados surgen como indicadores de riesgo: -Escasa
conciencia de riesgo y de situación en denunciante y denunciado con
dificultades en ambos para tomar conciencia de la responsabilidad que a cada uno
le cabe en la conflictividad familiar. -Negativa a realizar los tratamientos
necesarios. -Escaso control de los impulsos en denunciante y denunciado. -Hijos
con presencia de sintomatología. -Discursos contradictorios respecto de la
situación familia. -Ocultamiento de la situación familiar a los hijos."
(ídem., esp. fs. 145, causa cit.).
5. Ese mismo hecho motivó
actuaciones penales, las cuales también se incorporaron al expediente penal
causa n° 55229/2007.
La señora C., el día 12 de julio
de 2007 -es decir, un día antes de articular la causa civil por este evento-,
ante la Comisaría 35 efectuó la denuncia que originó la causa n° 55229/2007 en
la que intervino el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 2, el cual declinó
su competencia y la remitió al Juzgado de Instrucción n° 18. En esta
oportunidad, la actora relató que tuvo una discusión con el señor J. en la casa
y que luego, "... se acuesta en su dormitorio haciéndose presente en el
lugar el Sr. J. el cual continuó la discusión a la signante solicitando su
esposo mantener relaciones sexuales. Que en esos momentos el Sr. J. le propinó
un golpe de puño en su rostro, comenzando a forcejear con la exponente,
produciendo con ello una lesión en su rostro, visible a la Instrucción,
refiriendo la damnificada que posee varios moretones en su cuerpo."
(fs. 169 y vta., esp. fs. 169vta., causa penal cit.). Además, obra el informe
socio-ambiental elaborado por el Centro de Orientación de la Víctima de la
Policía Federal Argentina que asentó, luego de una primera entrevista con la
señora C., que "Se observa una gran desintegración, por la separación de
los cónyuges, como resultado de la violencia física ejercida aparentemente por
la figura masculina, generando situaciones conflictivas de difícil
resolución" (fs. 194/195vta., esp. fs. 195 vta., causa penal cit.).
En estas actuaciones, consta el
informe del perito Piaggio del Cuerpo Médico Forense, de fecha 21 de abril de
2008, quien refirió que, luego de efectuar la entrevista y técnicas
psicológicas, consideró que el señor J. "... presenta una personalidad de
base esquizoide, con emergencia de rasgos de estructura de acción y elementos
de corte narcisista. Se evidencia aumento en los montos de ansiedad de tipo
persecutorio así como de los montos de impulsividad con precario control
adaptativo, los cuales pueden dar lugar a conductas de tipo desajustadas sobre
el entorno y los otros... Se ponen en evidencia un psiquismo presentando una
estructura esquizoide de personalidad, donde se observa la presencia de
fantasías de control mágico omnipresente sobre los objetos, con los cuales
establece una marcada distancia. Presenta por momentos, rasgos paranoides
intensos. Se detectan componentes narcisistas en el nivel de las relaciones
interpersonales, con seria dificultad para reparar en los objetos externos a su
Yo." (fs. 218/221, esp. fs. 220/221, causa penal cit.).
Respecto de estos dos hechos -el
denunciado el día 14 de abril y 13 de julio, ambos del 2007-, el juez penal
decidió procesar al señor J. por el delito de lesiones leves (fs. 231/235,
causa penal cit.), lo que fue confirmado por la Alzada (fs. 253, causa penal
cit.). Se elevó al Juzgado Nacional en lo Correccional n° 8 para la etapa de
juicio (fs. 281, causa penal cit.) y, al advertir la conexidad con la causa n°
3827, se remitió al Tribunal Oral n° 1 (fs. 294, causa penal cit.).
Este último decidió rechazar
el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por el señor J. (fs.
304/305, causa penal cit.), quien recurrió la resolución (fs. 312/321, causa
penal cit.) y fue revocada por la Alzada, quien ordenó al tribunal de origen
realizar la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN (fs. 332/335 vta., causa
penal cit.). Por ello, el Tribunal Oral, el 1 de julio de 2011, suspendió el
juicio a prueba por dos años respecto del imputado (fs. 349/350, causa penal
cit.). El 13 de noviembre de 2014, el órgano resolvió sobreseerlo en tanto el
señor J. cumplió con las obligaciones de fijar domicilio y presentarse en el
Patronato de Liberados, si bien no asistió al programa "Hombres
Violentos" (fs. 434 y vta., causa penal cit.).
6. La causa n° 66.873/2007
-proveniente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 5 Secretaría
n° 116- se inició por la denuncia efectuada por la señora C., el día 29 de
noviembre de 2007, ante la Comisaría 33, donde relató el evento acaecido en la
vía pública, cuando se encontraba en la puerta del colegio de los hijos. En esa
ocasión, el demandado le dijo que se suba al auto y que "si no retiraba
las denuncias en su contra la iba a matar". Manifestó que la tomó del
cabello y la empujó adentro del coche. Contó que "... arrancó a gran
velocidad, poniéndose la disidente el cinturón de seguridad temiendo por su
integridad física, ya que el nombrado manejaba muy rápido, diciéndole 'sacate
el cinturón total puede pasar por un accidente'". Refirió que logró
bajarse cuando estaba la barrera baja, empezó a correr y el demandado la
siguió. Mencionó que se subió a un taxi, conducido por el señor Villareal quien
se ofreció como testigo. Sostuvo que no sufrió lesiones físicas pero que se
encontraba conmocionada psíquicamente (fs. 1/2, esp. fs. 1vta., causa penal
n° 3827/3836).
Además, se incorporó el hecho
denunciado por la señora C. a la "Brigada Móvil de Atención a Víctimas de
Violencia Familiar", el día 29 de noviembre de 2007, donde relató que
"El Sr. J., 'por la fuerza', la habría arrastrado de los cabellos y la
habría obligado a subir a su vehículo. Encontrándose el vehículo en movimiento,
el Sr. J. la habría 'amenazado de muerte, sino retiraba las denuncias
preexistentes'." (fs. 198/202, esp. fs. 200, causa cit.). Se indicó que
"Durante la entrevista la Sra. C. se hallaba visiblemente angustiada y
temerosa, y mientras relataba los hechos, en más de una oportunidad irrumpía en
llanto." (ídem., esp. fs. 200, causa cit.).
Por último, obra el informe
psicológico realizado por la licenciada Silvia Mandil, con fecha 2 de abril de
2013 y aportado por la actora. La profesional manifestó que los niños A. y T.
J. concurrieron a su consultorio durante los años 2007 y 2008. Expuso que
"Los chicos, cuando lograban dejar de lado su represión, manifestaban
violencia verbal por parte de su padre y mucho descrédito, enojo y
descalificación hacia la mamá." En cuanto a la señora C., contó el intento
por recuperar a sus hijos (fs. 220/221, causa cit.).
7. El 16 de marzo de 2009, por
otra denuncia de la señora C., comenzó la causa n° 11.439/2009, ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 5, Secretaría n° 116. En ella se
relató que ese día retornaba del gimnasio a su casa y el señor J. estaba allí
sin su autorización. Refirió que, en un momento de la discusión, el demandado
la amenazó si no quitaba las denuncias y "... la tomó de su cabello
tirándola al suelo, la pateó en su pierna izquierda a la altura de la rodilla,
dejándole una lesión, lesión que es visible a la instrucción" (fs. 15 y
vta., esp. fs. 15, causa penal n° 3827/3836). Se adjuntó copia del legajo de la
Oficina de Violencia Doméstica correspondiente a la causa n° 16.290/2009,
caratulada "C., M. C. c/ J., F. C. s/ Denuncia por violencia
familiar".
Al tomársele declaración
indagatoria por estos eventos, el denunciado los negó (fs. 79 y vta., causa
penal cit.).
El señor Villareal declaró como
testigo y refirió haber visto a un hombre forcejando a una mujer. Manifestó que
"No recuerdo bien si me paró la barrera, y esta mujer se subió a mi auto
llorando y me contó que se había podido escapar de su marido, que la perseguía
a pesar de tener una restricción." (fs. 89, causa penal cit.).
El juez penal de la etapa
instructiva decretó el procesamiento del señor J. por el delito de amenazas
coactivas (fs. 89/93, causa penal cit.), lo que fue confirmado por la Alzada
(fs. 108/109, causa penal cit.).
8. Al día siguiente de la causa
indicada antes, se articuló el expediente civil n° 16.290/2009, caratulado
"C., M. C. c/ J., F. C. s/ Denuncia por violencia familiar" que corre
por cuerda.
El día 17 de marzo de 2009, la
señora C. se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y denunció el hecho
ocurrido el día 16 de ese mes y año. Relató que "... manifestó estar unida
en matrimonio con el demandado desde hacía 13 años, que tenían dos hijos de 12
y 10 años, que vivían con ella; que si bien estaban separados desde hacía algo
más de un año y cuatro meses, entra a su departamento. Que discutieron por
falta de aporte económico." (fs. 1 a 11, esp. fs. 5, causa cit.). En
cuanto el suceso, expresó que el señor J. había ingresado al departamento y
"... él me agarra de atrás, del pelo, me tira al piso y me da una patada.
Me levanté y me volvió a tirar porque yo lo ignoro u no hablo él (sic). Él me
dice que me va a matar y agarra una cuchilla, que iba a matar al loro y a mí
para darme miedo y que iba a matar a mis sobrinos uno por uno... Después me
volvió a agarrar del pelo. Grité fuerte y él se va... Él aprovecha a pegarme
cuando lo chicos no están y dice que él es macho y por eso actúa así, como la
maltrata a su madre el padre de él... Los maltratos empezaron desde el
noviazgo, ocasión en la que le daba cachetadas y se agravó a partir de su
primer embarazo. Dice no entender por qué su esposo es celoso y está todo el
día con mujeres y destaca que el segundo nombre de su segundo hijo se lo impuso
por el hijo de una amante que tenía su esposo. Cachetadas, golpes de puño,
tirones de cabello y patadas, engaños con otras mujeres, insultos y malos
tratos verbales, discriminación y que empezó a no darle dinero luego de que
ella empezara a denunciarlo en 2007, no pasa alimentos para sus hijos, aunque
reconoce que su esposo pagó todos los gastos de la casa y de sus hijos, pero no
le da dinero para lo propios..." (ídem., esp. fs. 5vta., causa cit.).
Acompañó constancia de la denuncia efectuada en la Comisaría 35 a raíz del
suceso (ídem., esp. fs. 2, causa cit.).
El informe psicosocial de
situación de riesgo consideró que "Teniendo en cuenta los tipos de
maltratos enunciados, la descripción de la conducta del denunciado y el estado
emocional de la denunciante donde predomina la victimización se infiere que se
trataría de una situación de violencia familiar (Ley 24417)." (ídem., esp.
fs. 8, causa cit.). Además, el informe médico, del mismo día, constató "Al
examen de la superficie corporal se observa en pierna izquierda tercio superior
cara antero interna hematoma violáceo de 3 cm por 3 cm. En rodilla derecha
hematoma tenue de 3 cm por 1 cm. Las lesiones descriptas reconocen como
mecanismo de producción el choque o golpe con contra un elemento duro romo
sobre la superficie de la piel compatible con la data referida del lunes 16 de
marzo a las 9,30 hs. aproximadamente..." (ídem., esp. fs. 10, causa cit.).
9. Asimismo, los días 28 de
octubre de 2009, 19 de noviembre de 2009, 1 de marzo de 2010, 19 de marzo de
2010, 12 de mayo de 2010, 4 de junio de 2010 y 14 de junio de 2010, denunció
las amenazas por parte del demandado donde la intimaba a que desistiera de las
denuncias anteriores o la haría matar, amenazó también a su madre y cambió a
los hijos arbitrariamente de colegio sin consultarle. Manifestó "... si
bien ya la violencia ha dejado de ser física, ahora sólo es psicológica y
económica", que sufría "... el desprecio y los insultos de mis hijos
situación está que nunca antes había ocurrido y cuyas conductas atribuyo a la
falta de límites y el desprestigio y desvalorización hacia mi persona que el
denunciado promueve con mis hijos..." y que la amenazaba diciéndole que si
retiraba las denuncias todo podía volver a la normalidad. Explicó que la dejó
sin ayuda económica, creó confusión en sus hijos y que la amenazó e insultó
nuevamente.
Con fecha 7 de junio de 2010, el
juez a quo decretó la prohibición de acercamiento al señor J., por un radio de
trescientos metros a la redonda del domicilio de la actora y/ o tener contacto
con ella y los hijos (fs. 53, causa cit.), lo que fue apelado por el demandado
(fs. 55 y vta., causa cit.).
10. Otro evento acontecido el
27 de febrero de 2012 dio lugar a la causa penal en trámite ante el Juzgado
Penal Contravencional y Faltas n° 3, caratulada "J., F. C. s/ Infr. Arts.
149 Amenazas." (IP J-01-00038036-5/2012-0 IPP 6956/2012-0). Relató que el
señor J. le manifestó: "deja de romper las pelotas, porque voy a agarrar
unos negros y si quiero por diez mil pesos te hago desaparecer, cuídate
(sic)". Además, refirió que también amenazó a su madre (fs. 24 y vta.,
causa penal cit.).
En el informe de evaluación de
riesgo efectuado, se asentó que, a partir de la entrevista llevada a cabo,
"Su discurso es algo desordenado y se presenta con características
verborragias, se observa el efecto devastador que ha tenido la violencia en la
Sra. C. habiendo sido socavados sus recursos personales, dando la pauta de un
desgaste emocional importante como así también desvalorización de su persona.
Asimismo refiere temor por las actitudes que pueda tener el denunciado. Se
observan signos importantes de angustia que se manifiestan a través del llanto
pertinaz." (fs. 25/27vta., esp. fs. 26, causa penal cit.).
En la audiencia de debate,
declararon las señoras, C., O. J. S. -madre de la actora- y la licenciada De
Marco Calzada -psicóloga del Ministerio Público- (fs. 66/74vta., causa penal
cit.).
En esta
causa, la jueza tuvo por probado el hecho y condenó al señor J. por el delito
de amenazas a seis meses de prisión en suspenso. Se estableció que debía
concurrir un Taller de Violencia Familiar (fs. 66/82 y 116, causa penal cit.).
La decisión fue apelada por el imputado (fs.85/90vta., causa penal cit.), lo
que fue confirmado por la Alzada (fs. 110/116, causa penal cit.).
11. Luego, el 19 de octubre de
2012, se articuló otra denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica,
iniciándose la causa n° 86580/2012, caratulada "C., M. C. c/ J., F. C. s/
Denuncia por violencia familiar".
La actora refirió que su hijo
mayor le pegó y le dejó la boca sangrando (ídem., esp. fs. 126/129, causa n°
16.290/2009). En el informe interdisciplinario se asentó que "Respecto a
las conductas agresivas respecto de su madre es importante señalar que los
niños expuestos a situaciones de violencia, ya sea en forma directa o indirecta
aprenden a que la violencia es una forma efectiva de lograr lo que quieren.
Durante mucho tiempo se sentirán culpables de la violencia dirigida a su madre
por parte de su padre. Creerán que algo malo habrán hecho ellos. Muchas veces
serán interrogados acerca de lo que la madre hace o deja de hacer en ausencia
de su padre. Verán los esfuerzos de su madre por complacer a su marido pero no
escaparán a los efectos que produce escuchar la constante acusación,
desvalorización y denigración de su propia madre. Perderán el respecto por su
madre. Desarrollarán una actitud conflictiva con ella. Les generará cariño y
lástima, pero también mucho enojo que una persona adulta como ella no se
defienda y ponga fin al maltrato y a humillación. Algunos hijos sentirán que
deben proteger a su madre y adoptarán roles parentales de cuidado y protección
de quienes debieran cuidarlos a ellos, con el consabido costo emocional que
ello conlleva. Otros en cambio, terminarán rechazando y repitiendo el maltrato.
Quieren a su madre pero no soportan verla en ese estado de humillación
constante" (ídem., esp. fs. 129 vta./130, causa cit.).
12. Otros aportes a considerar
son los testimonios que se han brindado en estas actuaciones. La testigo
Alejandrina Angélica Espíndola expuso que "Era la mucama, trabajé quince
años más o menos. Si, tengo un interés personal en el pleito, vi que el Sr. J.
le pegaba a la Sra. M. C. Trabajé desde el año dos mil dos porque ellos se
pelearon en 2007 y me tuve que ir dos años después. Me quedé sin trabajo.
Después la seguí viendo a ella porque estaba sola, pero seguía amenazada por su
ex marido, el Sr. J." (fs. 246/247, esp. fs. 246).
En cuanto a la relación entre las
partes, contó que "El Sr. siempre fue agresivo con ella, siempre que
llegaba el estaba penando o golpeándola a ella, siempre tenía moretones.
Después se sentaba y pedía perdón, inclusive se pegaba en la cabeza o se tiraba
de sus pelos para que lo perdone, eso veía siempre yo." (ídem., esp. fs.
246 vta., respuesta primera). Manifestó que los hechos referidos eran muy
frecuentes y que "... yo llegaba a las ocho de la mañana y ya estaban a
los gritos antes de que él se fuera a trabajar, se escuchaban los golpes. Yo
entraba y veía a la Sra. que le estaba sangrando la nariz." (ídem., esp.
fs. 246 vta., respuesta segunda). Señaló que el señor J. "... entraba y
salía a pesar de que tenía la perimetral. Entraba y agredía siempre."
(ídem., esp. fs. 246 vta., respuesta primera a la repregunta de la demandada).
Agregó que "... siempre
acompañé a la Sra. las veces que hizo la denuncia. Yo la acompañé en Núñez que
está la comisaria 35 que esta en la calle Manuel Pedraza creo, nosotros
vivíamos en Quesada, después viene la calle Obligado, ahí nomás íbamos. La
acompañé como tres veces, íbamos cuando yo entraba a trabajar." (ídem.,
esp. fs. 246 vta./247, respuesta segunda a la repregunta de la demandada).
Por otra parte, la señora
Gabriela Mariel Barbaricca, amiga de la señora C., si bien relató eventos que
le refirió la actora o conocidos, también expuso que "En el club -Alemán,
de San Fernando, en una fiesta de fin de año, también un día el demandado la
agarró de los pelos a la actora. Lo se porque lo vi, aparte ya eran como las
cuatro de la mañana... estaba alcoholizado, estaban sacados el demandado y su
hermano D., el demandado la agarró de los pelos y su hermano le gritaba de todo
a la actora. Lo se porque lo vi, estábamos todos ese día." (fs. 273/274
vta., esp. fs. 273 vta., respuesta primera). Luego, agregó que "... la
actora empezó a decirle que el demandado la engañaba, y el demandado y su hermano
D. le gritaban que se calle, que eran sus clientas, y ahí la agarra de los
pelos, no sabes lo que fue eso... y después la agarró de los pelos que ahí
cuando nos metimos y nos llevamos a la actora y a sus hijos, cuando digo 'nos'
me refiero a S., otra amiga, el marido de ella..." (ídem., esp. fs. 274,
respuesta tercera a las repreguntas del demandado).
Si bien el accionado critica la
apreciación de los dichos de estas dos testigos por ser amigas de la actora y
haber manifestado que tenía un interés en el proceso, lo cierto es que sus
testimonios resultan coincidentes con las situaciones relatadas por la
accionante (arts. 386, 456, CPCC). Incluso, esos testimonios se corroboran con
los hechos que surgen de las causas civiles y penales.
En los procesos de familia, la declaración
de los testigos parientes y amigos de las partes son relevantes en tanto son
las personas más cercanas y que tienen el mejor conocimiento de las
circunstancias íntimas que exteriorizan el conflicto, lo que el mismo Código
Civil y Comercial de la Nación admite en su art. 711. Ello, sin perjuicio que
sus relatos sean valorados junto con el resto de las probanzas e, incluso, se
puedan sopesar la pasión o compromiso emocional que los testigos puedan ofrecer
sobre los hechos que percibieron. De todas maneras, los relatos reflejan lo que
la misma actora describió y lo que surge de la percepción de las lesiones por
el personal policial, en ocasión de las denuncias que la señora C. efectuó.
13. Por su parte, la terapeuta
familiar psicóloga y psicopedagoga, licenciada Silvia Rosa Mandil, expuso que
"Soy terapeuta particular, vinieron a una consulta por pedido del
colegio de los chicos, en el 2012. M., Agustín y Tomás se atendieron conmigo.
Al Sr. J. no lo conozco, no concurrió a ninguna de mis citaciones." (fs.
267/269vta., esp. fs. 267). Refirió que intervino debido a que "Los chicos
son derivados por la mamá por el no aprendizaje de Tomás, su dispersión y su
aislamiento. Por parte de Agustín descontrol, violencia y manifestaciones
verbales descalificatorias hacia adultos y sus pares." (ídem., esp. fs.
267, respuesta primera). Expresó que "... surgió que los chicos veían la
violencia ejercida por el papá hacia la mamá sin poder intervenir y
escondiéndose de los gritos, la violencia física y moral que el papá ejercía,
la agarraba de los pelos, la insultaba y le pegaba... el trabajo que se debía
ejercer era con mucho esfuerzo ya que ambos chicos sentían la presión del papá
sobre la mamá y temían hablar de las cosas que vivían." (ídem., esp.
fs. 247 vta., respuesta segunda).
En cuanto a la señora C., relató
que "Luego de varias intervenciones familiares, se le solicita a la
Sra. que venga en forma individual independientemente del trabajo realizado con
la familia ya que era tal el grado de angustia y desborde que la mamá volcaba
en el consultorio fue necesario trabajar con ella individualmente para
orientarla en cómo debía manejarse frente a las violaciones del papá de los
chicos no respetando las perimetrales y ejerciendo violencia moral y física
delante de los pequeños... Era tal el grado de angustia de M. que la derivé a
un psiquiatra para que la medique y pueda permitirle tolerar lo que estaba
viviendo." (ídem., esp. fs. 247vta./248, respuesta tercera). No pudo
brindar un diagnóstico de la actora en tanto refirió que lo estableció el
psiquiatra. Manifestó que "... deja el tratamiento cuando el papá de los
chicos sin previo aviso, le retira de la prepaga y deja de permitirle tener su
sostén emocional, esto fue hace 3 años más o menos. No la volví a atender después
de esto." (ídem., esp. fs. 248, respuesta quinta).
Cabe referir que si bien el
demandado, en su expresión de agravios, critica que la declarante sea
profesional en la materia -en tanto alega que no era una carrera de la
universidad CAECE en el año 1986, conforme expuso en su testimonio-, lo cierto
es que tal objeción no desacredita su aporte. Además, su declaración condice
con su informe presentado en el expediente sobre violencia familiar de fecha 2
de abril de 2013 (fs. 220/221, causa n° 16.290/2009).
Asimismo, las Comisarias 33 y 35
acompañaron las constancias de denuncia efectuadas por la accionante por los
hechos acaecidos los días 11 de julio de 2007, 30 de septiembre de 2007, 28 de
noviembre de 2007, 16 de marzo de 2009 y 29 de septiembre de 2010 (fs.
250/256).
La prueba reseñada permite
inferir, sin hesitación, una clara conducta intimidatoria o violenta por parte
del señor J. hacia la señora C. De la evidencia relatada se advierte la
existencia de situaciones de violencia física, verbal, emocional y sexual. Ya
sea de los golpes constatados en el informe médico de la Oficina de Violencia
Doméstica (fs. 1 a 11, esp. fs. 10, causa n° 16.290/2009), a través de los
testimonios de los señores Villareal (fs. 89, causa penal n° 11.439/2009),
Espindola y Barbaricca (fs. 246/247 y 273/274vta., respectivamente), en el
informe médico obrante en la causa penal (fs. 139, causa penal n° 29259/2007),
la constatación de los agentes policiales de las lesiones en rodilla y rostro
(fs. 15 y vta., causa penal n° 3827/3836 y (fs. 169 y vta., causa penal n°
55229/2007) como también psicológica -conforme surge de los dictámenes de los
especialistas que intervinieron a partir de las denuncias efectuadas por la
actora (fs. 198/202, esp. fs. 200, causa n° 16.290/2009; fs. 25/27 vta., esp.
fs. 26, causa penal IP J-01-00038036-5/2012-0, entre otras)- por parte del
demandado hacia la señora C.
Si bien el señor J. sostiene que
no tiene antecedentes penales, el hecho que en una de las causas haya concluido
con una suspensión del juicio a prueba no desplaza lo acontecido, al igual que
también se lo ha condenado por amenazas (fs. 66/82 y 116, causa penal IP
J-01-00038036-5/2012-0). En síntesis, las evidencias señaladas dan cuenta de
las situaciones de agresión alegadas.
Conforme se lee de las causas
sustanciadas en ambos fueros, la relación entre las partes ha sido
disfuncional. Se casaron en el año 1995 y se separaron de hecho en el año 2007
(fs. 34/41 vta., esp. fs. 34 y fs. 50/58, esp. fs. 52), siendo que el divorcio
aconteció en el año 2010.
La fecha en la cual ambas partes
coinciden en que se separaron de hecho revela que es coincidente con las
primeras denuncias por violencia que efectuó la señora C., en el año 2007, si
bien las mismas se prolongaron a lo largo de los años. Los mismos testimonios
dan cuenta de hechos que presenciaron de este tenor. Además de las
transcripciones efectuadas, la testigo Barbaricca relató que su ex marido,
quien vivía en el departamento de debajo de las partes le contó de las
agresiones verbales, golpes e insultos que escuchaba desde su departamento
(fs.273/274 vta., respuesta a la primera pregunta). También relató una agresión
en público en una fiesta de fin de año en el club, con la presencia de sus dos
hijos, cuando la actora le reclamó al demandado que la engañaba y, el demandado
y su hermano le pidieron que se calle, al igual que la agarró del pelo y la
insultó en público, por lo que la dicente y otra amiga la llevaron a la actora
en su auto (ídem, respuesta a la tercera pregunta), lo que también antes se
describió.
Esa clase de situaciones es la
que la Ley 26485 define como "la que se emplea contra el cuerpo de la
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de
maltrato agresión que afecte su integridad física" (art. 5, inc.
"1", ley cit.), como así también psicológica, "La que causa daño
emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante,
exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto,
indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause
perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación." (art. 5, inc.
"2", ley cit.).
Surge
claramente de los hechos relatados que la señora C. ha sido víctima de hechos
de violencia y destrato, por medio de agresiones físicas y verbales, tanto en
su casa como en lugares públicos, lo que habilita a mantener la condena que la
sentencia de primera instancia establece. La privacidad de la vida familiar no
puede invisibilizar las agresiones de las que pueden ser víctimas sus
integrantes ("Strategies for confronting Domestic Violence: A resorce
Manual", United Nations, Nueva York, 1993, pág. 11).
En conclusión, por los fundamentos
brindados, propongo confirmar la sentencia en crisis y, por consiguiente, la
responsabilidad atribuida al señor J.
X- La indemnización a) Daño
psicológico y su tratamiento
El juez a quo fijó por el
perjuicio psíquico y su tratamiento las sumas de $ 240.000 y $ 162.000,
respectivamente.
El demandado critica su
procedencia en tanto sostiene que de las conclusiones de los expertos se
desprende que la señora C. no presenta perjuicio alguno.
Asevera que los hechos
denunciados no causaron ningún tipo de daño ni afectación a la actora, quien,
luego de su separación, convivió de forma casi inmediata con otra pareja en la
que fuera sede del hogar conyugal.
Cuestiona que no se valoraron las
impugnaciones que efectuó con base científica a las conclusiones del perito
psiquiatra Franco.
Discute que se aconsejó la
realización de tratamiento psicológico, cuando la actora realizó en el año
2013.
Además, considera que las sumas
son arbitrarias, escandalosas y no guardan correlato con los principios de
resarcimiento que rigen en la materia.
Por su parte, la accionante alega
que se omitió pronunciarse sobre esta merma y que las pericias psiquiátrica y
psicológica dan cuentan de su existencia. Al respecto, cabe señalar que el
primer sentenciante sí valoró este reclamo y estableció un importe por él, por
lo que este agravio no puede prosperar.
En el supuesto de lesiones, el
detrimento patrimonial se configura cuando existe un cercenamiento de las
aptitudes físicas o psíquicas, con incidencia en las posibilidades laborales y
en tanto generan una restricción a la potencialidad productiva, el que es
indemnizado como daño emergente.
Es decir, probada la merma de esa
aptitud para tener un trabajo, el gravamen ya existe, pues su anterior plena
potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indica,
lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor
(esta Sala, causas n° 33.977/2013, sent. del 20-III-2019; 86684/2013, sent. del
4-IV-2019, entre otras).
En las presentes actuaciones, la
perito psicóloga, licenciada Dworkin, expresó, respecto de la señora C., que
"Existieron efectos cognitivos como estado de tristeza, apatía,
sentimientos de inseguridad que son propios de todo vínculo disfuncional de
pareja que lleva a una ruptura dolorosa y problemática." (fs. 352/367, 378
y vta., esp. fs. 363vta.). Luego, al contestar el pedido de explicaciones,
especificó que "En cuanto a la incapacidad el diagnóstico es de estrés
postraumático leve, desde el punto de vista psíquico corresponde atribuirle un
8 %. En los baremos consultados de referencia, Baremos del Dr. Santiago
Rubinstein, cuyo libro se denomina "Código de Tablas de Incapacidades
Laborativas". (Editorial Lexis- Nexis. 2007.)." (ídem., esp. fs. 378,
punto "3"). Agregó que "Sin embargo y atento al tiempo
transcurrido a esta altura hablar sobre la crisis matrimonial la considero de
origen remoto por los años de separación y considero que no es imputable a las
características del hecho de la demanda atentó también a que ha formado una
nueva pareja y un nuevo hijo y ya ha superada dicha cuestión por lo que
considero que no tienen relación de causalidad con la crisis matrimonial... En
cambio sí pudo haber sido el desencadenante y funcionar como tal, ya que como
dice se informa en el análisis del informe principal existieron efectos
cognitivos como estado de tristeza, apatía, sentimientos de inseguridad que son
propios de todo vínculo disfuncional de pareja que lleva a una ruptura dolorosa
y problemática... Con relación a si es imputable a características o hechos del
demandado considero que no pareciera ser teniendo en cuenta el presente
actual." (ídem., esp. fs. 378, puntos "4", "5" y
"6").
Por su parte, el perito
psiquiatra, doctor Franco, quien consideró también los exámenes realizados por
la licenciada Dworkin, concluyó que la actora presenta "...
un cuadro compatible a un Trastorno de Estrés Postraumático Crónico Leve (TEPT)
(F 43.10) con dificultad en el contacto con el mundo externo, debido a los
sentimientos distímicos, angustia, evitación, minusvalía, que produce este
trastorno y dado que no lo ha logrado elaborar y utilizar adecuadamente los
mecanismos defensivos para la resolución del problema." (fs. 397/413,
432/459, esp. fs. 411, punto "B"). "El hecho acaecido produjo un
trastorno afectivo con componentes de angustia y tristeza que contribuyó el
apartamiento de los hijos durante el período que se duró el
acontecimiento." (ídem., esp. fs. 411, punto "D"). Otorgó un 7 %
de incapacidad por el cuadro que padece la actora (ídem., esp. fs. 412, punto
"F").
Al contestar la impugnación a su
dictamen, refirió que "El cuadro Distímico leve, encontrado en la actora
al momento del examen pericial, debido a lo cual que este cuadro no se hubiera
desencadenado de no haberse producido el Trastorno de Estrés Postraumático
Crónico (TEPT)... La repercusión que produjo en la psiquis, en la actora, de
los hechos caratulados en autos el cual posteriormente deriva a un TEPT (cuadro
descripto), para que ello suceda tiene que existir en la persona, vulnerabilidad
previa o factores de riesgo, además del hecho traumático y se va manifestando
progresivamente, se puede decir que los síntomas en el TEPT y el predominio
relativo de los diferentes síntomas pueden variar con el tiempo. La duración de
los síntomas también varían, con una repercusión completa a los tres meses en
aproximadamente en la mitad de los adultos, mientras que en otras personas
permanecen sintomáticas durante más de 12 meses y a veces durante más de 50
años... El tratamiento psicológico sugerido, posibilita en algunos casos,
mejorar el estado psíquico de la paciente, tiene como finalidad, la remisión,
la elaboración del evento psíquico sufrido evitando la agravación y la
cronicidad... Lo hechos de acontecimientos vitales y experiencias de violencia
y amenaza en el contexto familiar, su intensidad, frecuencia, duración y
significado fueron factores que pueden posteriormente dar resultado a la
aparición un TPEPT que es de curso incierto y puede no remitir a pesar del
tiempo transcurrido. Otros factores que pueden influir son el apoyo social,
antecedentes familiares, experiencias traumáticas infantiles, rasgos de
personalidad, trastornos psiquiátricos preexistentes... Luego de realizar la
evaluación de la Sra. C. M. C., se observó una personalidad con rasgos
ciclotímicos, con un cuadro afectivo distímico y lábil, juicio de la realidad
conservado, no se detectaron alteraciones sensoperspectivas, no delirantes, ni
alteraciones en el control de los impulsos." (el resaltado corresponde la
original; ídem., fs. 450/552, punto "B", "C", "D"
y "E").
Manifestó que el cuadro es
"... Leve según Baremo para el fuero Civil en el cual aparecen
manifestaciones ligadas a situaciones cotidianas pero con algún grado de
relación con el conflicto generador de la reacción, no hay alteración en la
relaciones laborales, pero si incide en su vida familiar, presenta acentuación
de los rasgos más característicos de la personalidad de base, no hay trastornos
de la memoria ni de la concentración, puede ser tratado bajo terapias
leves." (fs. 452/453, punto "F").
En tanto la experta psicóloga
atribuyó un 7 % de incapacidad y el psiquiatra un 8 %, se tomará un 7,5 % como
promedio (arts. 386, 477, CPCC).
En cuanto al tratamiento
psicológico, La perito psicóloga recomendó que es "... necesario realizar
un tratamiento psicológico para ayudarla a hablar y poner en palabras lo
sucedido y vivenciado por ella en el pasado y en el presente dentro de su
entorno familiar." Aclaró que "... considero factible para este caso
por un periodo de 12 meses con una frecuencia de una vez por semana a un precio
particular de $1200- por cesión" (fs. 352/367, 378 y vta., esp. fs.
378, punto "1").
Por su parte, el experto
psiquiatra aconsejó "... realizar tratamiento psicológico, una vez por
semana, durante un período no menor a 12 meses con el fin de elaborar el suceso
traumático ocurrido, que se denuncia en autos, desconozco el costo de las
sesiones debido a que depende de la capacidad, de la experiencia y trayectoria
del profesional consultado." (fs. 411, punto "C").
En cuanto a la crítica del
demandado sobre la actora lo habría superado, lo cierto es que la profesional
Dworkin hizo referencia a la crisis matrimonial cuando se refirió a ello, no
así al perjuicio psicológico debido al vínculo disfuncional de la pareja.
Además, el hecho que la señora C. haya rehecho su vida y tenga una hija
-circunstancia que recalca el demandando en su expresión de agravios- no
significa superar las consecuencias de los acontecimientos de violencia
vividos. Ambos expertos coincidieron en que los eventos de violencia
vivenciados por la accionante, ocasionaron este perjuicio (arts. 386, 477,
CPCC).
En
cuanto al tratamiento psicológico, en virtud del alcance del
recurso y de la duración, frecuencia y costo de la sesión aconsejados por los
expertos -no contando con otros datos objetivos-, propicio disminuir la suma
fijada a la de $62.400 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos; 165, 377, 386,
477, CPCC).
b) Daño moral
El primer sentenciante estableció
el monto de $4.000.000 por este concepto, el que el demandado considera
excesivo.
Como sostuvo esta Sala en varios
precedentes, la indemnización tiene como finalidad la satisfacción de la
víctima por el victimario, a través de una prestación de índole patrimonial que
se le impone a este último a favor de aquélla, aunque no siempre su rol es
estrictamente resarcitorio, sino que puede ser satisfactoria, como ocurre en el
daño moral.
Tal valoración debe efectuarse
teniendo en cuenta la entidad del daño moral en función de la gravedad del
menoscabo (conf. Bueres, Ponencia presentada en las II Jornadas SanJ.inas de
Derecho Civil con la adhesión de los Dres. Banchio, Pizarro, Vallespinos,
Zavala de González, entre otros).
En esa dirección se orienta la
opinión prevaleciente en doctrina, al propiciar la reparación integral, para
algunos plena, de todo daño provocado.
Debe decirse, asimismo, que si
bien es cierto que el perjuicio moral por aplicación de las reglas que rigen la
carga de la prueba debe ser acreditado por quien pretende su reparación, es
prácticamente imposible utilizar para ello una prueba directa, por su índole
espiritual y subjetiva.
En cambio, es apropiado el
sistema de la prueba presuncional indiciaria, como idóneo a fin de evidenciar
el perjuicio de ese orden.
Los indicios o presunciones
hominis surgen a partir de la acreditación por vía directa de un hecho del cual
se induce indirectamente otro desconocido, en virtud de una valoración hecha
por el Juzgador basada en la sana crítica (art. 163 del ritual).
Por lo tanto, es necesario probar
indefectiblemente la existencia del evento que origina el daño debiendo darse
entre aquél y este último una relación de causalidad que conforme el curso
normal y ordinario permite en virtud de presunciones hominis evidenciarlo.
A su vez, es conveniente producir
la prueba respecto de las circunstancias que rodean al damnificado y al evento
generador del detrimento, lo que permite deducir su envergadura (esta Sala K,
causa n° 10656/2013, sent. del 1-IV-2019, entre otras).
Por
consiguiente, en vista a cómo ha incidido este suceso en el ánimo y
tranquilidad espiritual de la señora C., contando con aproximadamente 37 años
de edad al tiempo de la primera denuncia efectuada por la actora, a la ruptura
de su armonía y equilibrio interno, propicio hacer lugar al agravio del
demandado y disminuir el importe establecido en la decisión de grado por este
rubro al de $1.000.000 (pesos un millón; arts. 3, CC; 7, 1741, CCCN;
165, 377, 386, 477, CPCC), con más los intereses conforme se detalla.
XI- Reconvención del señor J.
El demandado reconviniente
cuestiona el rechazo de la reconvención deducida, sin fundamento alguno, en
tanto se encuentran absolutamente probados todos los hechos alegados por él.
Al respecto, el nombrado reclamó
los daños y perjuicios que le habrían ocasionado las conductas y acusaciones
calumniosas de la actora.
Aseveró que la accionante alegaba
violencias inexistentes y prometía radicar todo tipo de denuncia que carecían
de sustento.
A su vez, manifestó que se
desentendió de la crianza de los menores de edad -quienes decidieron vivir con
él- y que mantuvo relaciones extramatrimoniales, lo que lo exponía a burlas y
comentarios públicos.
Agregó que la señora C. es adicta
al juego y que dilapidó el dinero que le suministraba para atender las
necesidades básicas del grupo familiar en el momento que convivían.
Indicó que, al tiempo de la
reconvención, la actora se encontraba en pareja y que tuvo un hijo con otra
persona ni bien se separó de él.
Se advierte que las afirmaciones
vertidas en su presentación no encuentran sustento en la evidencia producida en
estos obrados (art. 377, CPCC).
Está en cabeza de los litigantes
el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su
pretensión, defensa o excepción, lo que no ocurrió en este caso (art. 377,
CPCC).
Además, a mayor abundamiento,
cabe referir que uno de los presupuestos de la responsabilidad, como se refirió
anteriormente, es la existencia del daño.
En este caso, el perito
psiquiatra, luego de la entrevista y las evaluaciones del señor J., concluyó
que el demandado presenta trastorno de personalidad de carácter narcisista y no
constató la existencia de perjuicio de esta índole (fs. 397/413, 432/459, esp.
396).
Por consiguiente, propongo al
Acuerdo rechazar este agravio.
XII- Intereses por demora en el
pago
El juez de grado estipuló que las
sumas devengarán un interés punitorio equivalente a la tasa activa del Banco
Nación, en caso de no abonarse dentro del plazo de condena, en tanto fijó los
importes a valores actuales.
El demandado critica la tasa
aplicada. Opina que significa una carga incumplible habida cuenta del monto de
los emolumentos fijados.
Es criterio asentado de esta Sala
la aplicación de la tasa fijada por el Plenario "Samudio de Martínez,
Ladislaa c. Transporte Doscientos setenta S.A. s/ daños y perjuicios"
-tasa activa del Banco Nación-.
Por lo tanto, propongo al Acuerdo
confirmar la tasa fijada en la sentencia en crisis.
XIII- Costas
El demandado critica la
imposición de costas a su parte.
Sobre el particular, cabe
destacar que las costas se imponen conforme el principio objetivo de la
derrota. En este sentido la noción de vencido debe ser determinado con una
visión global del juicio y con independencia de la proporción en que prosperen
las pretensiones articuladas. En definitiva, la fijación de las costas debe ser
realizada con un criterio jurídico y no meramente aritmético (CNCiv., esta
Sala, "M., R.E. c/ M,m S.E. s/ liquidación de sociedad conyugal" del
16/5/2011, íd., Sala H, 1999- 3-17, L.L. 2000-F-206; CNCom., Sala D,
2000-10-11).
Se sigue así el pensamiento
chiovendano al consagrar la teoría objetiva de la condena en costas,
atendiéndose al resultado del proceso con algunas atenuaciones. Se imponen, por
lo tanto, al vencido en el pleito o en la incidencia, atribuyendo a las mismas
el carácter de una indemnización para resarcir las expensas que han debido
realizarse a fin de conseguir el reconocimiento de un derecho o de su
pretensión jurídica. No debe, por lo tanto, sufrir una disminución patrimonial
quien lo reclama, debiendo ser soportadas por el vencido (Chiovenda, "La
condena en costas", Madrid, 1928, p. 232) (esta Sala, autos:
"Scarpino, Alberto c/ Kuc, Berta s/ escrituración", del 30/4/13).
Por lo expuesto y no encontrando
elementos que configuren una excepción a los principios enunciados
precedentemente, es que postulo al Acuerdo la confirmación de este aspecto de
la sentencia en crisis.
XIV- Expresiones en los escritos
de las partes y la sentencia
1. El demandado debate que el
primer sentenciante lo descalifica al definirlo ofensivamente como un
"machista", cuando en realidad no lo es. Asevera que el magistrado
debe abstenerse de hacerlo respecto a cualquiera de las partes involucradas en
un proceso, en tanto implica una falta de respeto a los justiciables.
Además, cuestiona que se supuso
que la utilización de "vástago" al referirse al hijo que tuvo la
señora C. con otra persona implica una actitud despectiva cuando, según alega,
se empleó como sinónimo de "hijo".
Por otro lado, discute el
señalamiento a la forma de redacción de los escritos. Sostiene que, en tanto
actúa como abogado apoderado, es el profesional quien los redacta, por lo que
no puede endilgarse responsabilidad a su representado por ello.
Asevera que las partes y sus
letrados merecen respeto y, estos últimos, el mismo a quienes tienen la elevada
misión de administrar justicia, que no es "machista" ni
"patriarcal".
2. A los fines de contestar este
agravio, coincido con el recurrente en que no corresponde utilizar términos
agraviantes para las partes. El convencimiento personal del magistrado debe
atenerse a los aspectos a decidir. Sin embargo, estas reflexiones no permiten
modificar la condena ni los alcances de lo decidido.
XV- Por las consideraciones
expuestas, en caso de resultar compartido este voto por mis colegas de Sala,
propongo al Acuerdo: 1) Modificar la sentencia en cuanto a disminuir las sumas
fijadas por tratamiento psicológico y daño moral a favor de la señora C. a las
de $ 62.400 y $ 1.000.000, respectivamente; 2) Confirmar la sentencia en todo
lo demás que ha sido materia de recurso y agravio; 3) Imponer las costas de la
Alzada a cargo del accionado en su condición de vencidos (art. 68 del Código
Procesal); 4) Diferir la regulación de honorarios de Alzada para una vez
aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279, CPCC).
El Dr. Álvarez y el Dr. Ameal por
las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Bermejo, votan en igual
sentido a la cuestión propuesta.
Y visto lo deliberado y
conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, el Tribunal
por unanimidad decide: 1) Modificar la sentencia en cuanto a disminuir las
sumas fijadas por tratamiento psicológico y daño moral a favor de la señora C.
a las de $62.400 y $1.000.000, respectivamente; 2) Confirmar la sentencia en
todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio; 3) Imponer las costas
de la Alzada a cargo del accionado en su condición de vencidos (art. 68 del
Código Procesal); 4) Diferir la regulación de honorarios de Alzada para una vez
aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279, CPCC).
Regístrese de conformidad con lo
establecido con el art. 1° de la Ley 26856, art. 1 de su Decreto Reglamentario
894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.
La difusión de la presente
sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento
para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá
la responsabilidad por la difusión de su contenido.
Notifíquese por Secretaría, cúmplase
con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas CSJN 15/2013 y 24/2013
y, oportunamente, devuélvase.
SILVIA P. BERMEJO - OSVALDO O.
ALVAREZ- OSCAR J. AMEAL.
Mi nombre es Bernada Gaspar. Por respeto a usted y sus hechizos, DR ISIKOLO, debo hacer saber a todos este testimonio. He estado con otros lanzadores de hechizos sin ver ningún resultado, todo lo que quieren era después de mi dinero. Ojalá hubiera venido antes, obtuve lo mejor de ti. Mi ex marido se fue por un año y yo fui a todas partes y a otros lanzadores de hechizos en busca de ayuda, pero no hubo resultado hasta que mi amigo me presentó al Dr. Isikolo. Después de que terminó el hechizo de amor, finalmente recibí una llamada de él en menos de 48 horas. Sus hechizos hicieron maravillas y mi esposo está de regreso lleno de amor. ¡Fue como un milagro! De repente regresó con flores diciendo que debería regalarle, me quedé realmente atónita y conmocionada cuando mi esposo se arrodilló pidiendo perdón y que yo lo aceptara de regreso. Estoy realmente corta de palabras y alegre, eres un Dios enviado a mí y a toda mi familia. Y ahora soy una mujer alegre una vez más. Muchas gracias Dr. Isikolo. Para todos los que estén buscando un lanzador de hechizos real, comuníquese con el Dr. Isikolo por correo electrónico: isikolosolutionhome@gmail.com También puede enviarle un Whatsapp al +2348133261196
ResponderEliminarHola, soy Leona Filip. Después de tener una relación con mi esposo durante años, rompió conmigo. Hice todo lo que estaba a mi alcance para traerlo de vuelta pero todo fue en vano, lo quería tanto por el amor que le tenía, le rogué con todo, le hice promesas pero él se negó. Le expliqué mi problema a mi amiga y ella sugirió que debería contactar a un lanzador de hechizos que pudiera ayudarme a lanzar un hechizo para traerlo de vuelta, no tuve más remedio que intentarlo. Le envié un mensaje al DR ISIKOLO y me aseguró que no había ningún problema y que todo estaría bien antes de dos días. Lanzó el hechizo y, sorprendentemente, el segundo día, mi esposo me llamó. Estaba tan sorprendida y respondí la llamada y todo lo que dijo fue que estaba tan arrepentido por todo lo que había sucedido. Quería que volviera con él. También dijo que me amaba mucho. Estaba tan feliz y fui con él, así fue como comenzamos a vivir felices juntos nuevamente. si necesita ayuda en su relación o cualquier otro caso. (1) Hechizos de amor (2) Hechizos de amor perdido (3) Hechizos de divorcio (4) Hechizos de matrimonio (5) Quieres ser promovido en tu oficina/hechizo de lotería y más, contacta a este gran hombre si tienes algún problema para una solución duradera a través de isikolosolutionhome@gmail.com También puedes enviarle un Whatsapp al +2348133261196.
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