VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA ECONÓMICA, CUSTODIA DEL AUTOMÓVIL A FAVOR DE LA VÍCTIMA, REVOCACIÓN DEL PERMISO PARA CONDUCIR, PREVENCIÓN DEL DAÑO

Juzg. Com. Peq. Causas, Granadero Baigorria, Santa Fe, 03/09/2020, “Z.c/. D. s/ Violencia familiar”

 

VISTOS: Los presentes autos caratulados «Z C/D S/VF» Expte. N° 365/2020, en trámite en este Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria.

EL recurso de revocatoria con apelación y nulidad en subsidio interpuesto por el demandado a fs. 39/41 respecto de la resolución N° 374/2020, las alegaciones formuladas por el recurrente, la documental adjunta a fs. 37/8 y el petitorio esgrimido.

El traslado evacuado por la demandada a fs. 47/48 vta., las contestaciones y alegaciones formuladas, y la petición de cumplimiento efectivo de las medidas protectorias dispuestas contra el demandado y de remisión de los antecedentes al fuero penal de fs. 46/vta.

SE CONSIDERA:

Que el art. 344 del CPCC de Sta. Fe norma el recurso de reposición o revocatoria previéndolo contra las providencias, decretos y autos dictados sin sustanciación, traigan o no gravamen irreparable, a fin de que el/a juez/a o el tribunal que los dictó, los revoque por contrario imperio.

Este instituto procesal es funcional con los principios de economía y celeridad y permite a la magistratura revisar el criterio asumido al dictar sus propias decisiones sin contradictorio previo, y a las partes, obtener que una providencia sea modificada o dejada sin efecto, a los fines de lograr la justicia del caso.

En el caso de autos el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, y ha sido sustanciado (art. 345 del CPCC), siendo el remedio adecuado para lograr que la decisión que se impugna se modifique conforme la aplicación subsidiaria de las normas del código procesal (art. 579 bis del CPCC).

A efectos de organizar la fundamentación de la presente decisión se procederán a abordar en detalle los planteos del recurrente conforme el orden en que fueren expuestos y considerando, asimismo, las respuestas esbozadas por la contraparte en relación a los mismos. PLANTEO DE RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO.

El recurrente invocó que la providencia se dictó «inaudita parte» cuando un gravamen irreparable. Alegó que no pudo dar su versión de los hechos y refutar las manifestaciones vertidas por la actora.

La contraparte respondió a este planteo invocando que la cautelar ordenada en autos no causa estado y que no produce ningún perjuicio insusceptible de reparación posterior, invocando el art. 126 del CPCC.

En primer término resulta imperativo destacar que las medidas preventivas urgentes previstas en la normativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres podrán ser dictadas de oficio o a petición de parte durante cualquier etapa del proceso por el juez/a interviniente.

Estas medidas persiguen garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación, intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer (art. 26 inc. a.7 ley N° 13348). Si bien la ley no exige para su dictado una prueba plena y concluyente de la verosimilitud del derecho que se pretende tutelar, para la procedencia de toda medida debe acreditarse una apariencia que invista a la pretensión de una credibilidad razonable, con suficiente sustento para descartar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable - dentro de los límites con que cabe valorar los elementos de juicio incorporados al expediente -.

Ahora bien, al tratar las medidas las diferentes legislaciones de la Argentina no las nombran de la misma manera. A las medidas se las llama Medidas Preventivas Urgentes (ley nacional 26.485 y provincial de Santa Fe 13.348), Medidas Cautelares (CABA), Medidas Cautelares provisorias (La Rioja), Medidas Provisorias Conexas (Tierra del Fuego), Medidas previas (Salta), Medidas Autosatisfactivas (La Pampa y Santa Fe) o simplemente Medidas (Tucumán).

El punto central de todas las leyes sancionadas radica en las medidas de protección a la víctima, las que pueden ser dictadas, inaudita parte, por el/a juez/a a fin de garantizar la seguridad e integridad física o psicológica de la misma, encontrándonos de esta manera frente a lo que algunos doctrinarios denominan medidas autosatisfactivas.

Las medidas autosatisfactivas procuran solucionar coyunturas urgentes, se agotan en sí mismas y se caracterizan por la existencia del peligro en la demora, la fuerte probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del denunciante, no requieren contracautela y finalmente, su proceso es autónomo, ya que no es accesorio respecto de otro, agotándose, como ya dijéramos, en sí mismo.

En vista a lo expuesto, se entiende que este tipo de medidas son las que ha querido el legislador regular en materia de violencia de género, ya que una vez adoptadas las mismas, satisfacen por sí mismas al interés de la persona que las pide, y no están sometidas a la evolución de un proceso de fondo en el que se debate un derecho sustancial relacionado con el objeto de la medida ordenada.

En cuanto al gravamen irreparable invocado, el mismo no se ha configurado por cuanto las medidas protectorias dispuestas en autos no han decidido la titularidad del bien automotor en cuestión.Por el contrario, han ordenado provisoriamente la entrega en custodia de dicho bien a la actora, atendiendo especialmente a la calidad de mueble, a la prevención del daño, conforme la titularidad registral y la revocación de la autorización para conducir - ambas cuestiones acreditadas por la actora -, y con la finalidad de evitar la repetición y agravamiento de la violencia de género del tipo económica denunciada, nos desvirtuada por el demandado con la alegaciones formuladas y la prueba documental aportada.

Por otra parte, ha dicho el recurrente que este Juzgado Comunitario, puntualmente su titular, se ha entrometido como jueza interviniente en una denuncia de violencia y consideró que la medida fue arbitraria y excedió las atribuciones conferidas por la ley N° 11529 y su decreto reglamentario.

La contraparte respondió al planteo invocando la aplicación de la ley N° 26485, a la que adhirió la provincia de Santa Fe, y destacando que todas las leyes nacionales son ley de fondo.

La denuncia de violencia de género de modalidad familiar y del tipo física, psicológica y económica fue admitida conforme lo dispuesto en los arts. 5, 6 y 21 de la Ley Provincial N° 13348 - la provincia de Santa Fe adhiere a la Ley Nacional N° 26485 de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República - y las medidas preventivas de urgencia dictadas en el marco de lo dispuesto por los arts. 22 último párrafo y 26.

Este juzgado, y por lo tanto su titular, actuó dentro de las obligaciones y atribuciones que le confiere la normativa citada y los compromisos internacionales de rango constitucional en materia de prevención y sanción contra la violencia de género, dictando medidas protectorias mediante una decisión razonablemente fundada. Por ello, tildar de arbitraria la actuación, resulta por lo menos, desacertado, y muestra un total desconocimiento de la normativa por parte del recurrente, debidamente asesorado y patrocinado.

Cabe en esta instancia recordar que la normativa esbozada por el recurrente ( art.123 inc 12 Ley 10160 - Competencia funcional y material de los Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas y art. 5 Ley 11529 - Medidas autosafistactivas en Violencia Familiar) debe ser interpretada e integrada con toda la normativa en la materia, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte ( CEDAW y Convención Belem do Pará). Para ello, asimismo, se debe tener en cuenta la finalidad de la norma, las palabras, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico (arts. 1, 2 y 3 Código Civil y Comercial de la Nación).

Los Estados partes de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW- preocupados porque las mujeres, a pesar de los diversos instrumentos, siguen siendo objeto de importantes discriminaciones Y teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familiar y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocida, han convenido la adopción de todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer la igualdad de condiciones con el hombre y sin dicriminación alguna (extracto no textual del Preámbulo)

Por su parte, los Estados parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres -Belem do Pará- reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; recordando la Declaración sobrela Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, culture, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; covencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de v ida, y que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, adoptaron la convención (Preámbulo).

Asimismo, debe tenerse presente que la magistratura debe juzgar con perspectiva de género, y así lo ha hecho la titular del órgano de justicia comunitaria. Ello importa garantizar a las mujeres los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de DDHH ratificados por la Argentina y las leyes que en consecuencia se dicten, dar una respuesta oportuna y efectiva, y dar protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren vulnerados o amenazados sus derechos

PLANTEO DE RECURSO DE NULIDAD

El recurrente alegó que la resolución recurrida fue dictada con afirmadas razones de ilegitimidad y vicio en el procedimiento en los términos del arts. 360, 361 y 362 del CPCC, y concomitantemente, se contradijo con el planteo anterior, admitiendo la competencia de este juzgado en el marco de la denuncia por violencia.

La contraparte respondió el planteamiento nulificante alegando que el mismo no tiene un argumento autónomo y que el recurrente ha reiterado el de incompetencia, considerando la nulidad desacertada e ilógica.

La pretendida nulidad invocada por el recurrente procede sólo cuando hay omisión o violación de las formas prescriptas, conforme lo establece la misma norma procesal. En el caso de autos, no se configurado ninguno de los dos supuestos porque las medidas protectorias fueron dispuestas en el marco de un debido proceso preventivo de urgencia que habilita su disposición «in audita parte» conforme el interés que se tutela y dentro de las obligaciones y atribuciones que le competen al órgano en materia de protección contra la violencia de género, conforme la normativa esbozada al tratar el planteamiento del recurso de revocatoria, al cual me remito para evitar repeticiones tediosas.

A mayor abundamiento acerca de las formas observadas cabe traer a colación las expresiones del maestro Austo Morello en su brillante obra «El Proceso Justo»: El concepto basilar -así lo ha reconocido el Alto Tribunal- es el de que la garantía constitucional de la defensa en juicio no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes procesales (o adjetivas) sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando, dentro de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional; así lo exige, por lo demás, el propósito de «afianzar la justicia» enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional».

Queda claro entonces que, no podemos hablar válidamente de un derecho de defensa exclusivo del demandado sino de un conjunto de facultades previsto constitucionalmente mediante la fórmula «es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos» que apunta a la tutela efectiva, adecuada y oportuna de los derechos de ambas partes.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución N° 374/2020 y conceder el recurso de apelación con efecto devolutivo, atento tratarse de una medida protectoria (art. 284 CPCC, 1, 2 y 3 CCC).

Ordenar al demandado el inmediato cumplimiento de la totalidad de las medidas protectorias dispuestas en autos, incluida especialmente la concerniente a la entrega del vehículo identificado bajo el Dominio xxx a la actora en la modalidad indicada en la medida judicial, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de la imposición de una multa diaria de Pesos Un Mil ( $ 1.000,00.-) por cada día de retardo desde la notificación del presente decisorio y hasta su efectivo cumplimiento, y de remitir los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación, Regional Rosario ( art. 32 Ley 13348 y 804 CCC).

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico, el que se sugiere ser impreso en soporte papel y exhibido a la autoridad policial para el cumplimiento del presente decisorio.

Atento la apelación interpuesta, notificada que fuere la presente resolución, remítanse los autos a la M.E.U. de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario para su adjudicación al Juzgado de Circuito que entenderá en la segunda instancia.

INSÉRTESE.

Dra. Romina Scaglia.